Por Diana Mejía, especialista Senior en Desarrollo Productivo y Financiero de CAF –banco de desarrollo de América Latina. Fue Directora de Educación Económica y Financiera y Directora de Comunicación Institucional del Banco de la República (Banco Central de Colombia), entre otros cargos. Es Economista y Magíster en Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia y Máster en Administración Pública de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard.
Una de las lecciones más relevantes que se puede extraer de las crisis recientes es el desconocimiento y desinformación de gran parte de la población sobre temas básicos en economía y finanzas, lo cual limita su capacidad para tomar decisiones responsables, conscientes y competentes. En esta medida, la educación económica y financiera no solo permite que las personas estén más informadas y adquieran una mayor comprensión de los temas económicos y financieros que los afectan directa e indirectamente, sino que, a su vez, les proporciona facultades para discernir y tomar una posición frente a las políticas sociales y económicas que se ejecutan en sus países.
Una ciudadanía mejor educada en temas económicos y financieros no solo puede contribuir al mejor funcionamiento de la economía, sino también a que las políticas públicas sean más efectivas. Al empoderar a las personas para que tomen decisiones más informadas, se incrementa la probabilidad de que dichas decisiones sean mejores y, a su vez, que los ciudadanos sean capaces de controlar su futuro financiero, lo cual tiene un claro impacto positivo sobre su bienestar.
Para CAF –banco de desarrollo de América Latina-, la educación financiera es crítica para la inclusión, pues no solo facilita el uso efectivo de los productos financieros, sino que también ayuda a que las personas desarrollen las habilidades para comparar y seleccionar los mejores productos para sus necesidades y los empodera para ejercer sus derechos y responsabilidades.
Por este motivo, desde 2013, hemos venido realizando encuestas de medición de las capacidades financieras en ocho países de la región: Argentina (2017), Bolivia (2013), Brasil (2020), Chile (2016), Colombia (2013 y 2019), Ecuador (2013 y 2020), Paraguay (2017) y Perú (2013 y 2019). Estas encuestas, que son representativas a nivel nacional en cada uno de los países, miden los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos financieros de los individuos con relación a temas financieros.
Las más recientes encuestas realizadas por CAF fueron en Colombia y Perú en 2019, y Brasil y Ecuador en 2020. A continuación, se presentan los principales resultados comparativos de estas encuestas relacionados con ahorro y resiliencia financiera, metas financieras, planes de jubilación, vulnerabilidad financiera, tenencia de productos y conocimientos financieros.
Como se puede observar en el gráfico siguiente, en promedio para los cuatro países, el 61% de las personas no ahorra y quienes lo hacen ahorran principalmente de manera informal guardando efectivo en su casa debajo del colchón o en alcancías (61% en promedio), con la excepción de Brasil, país en el que el 72% de la población que ahorra lo hace a través de cuentas de ahorro.
Con relación a la resiliencia financiera, como se observa en el siguiente gráfico, en promedio para los cuatro países, el 57% de la población no es capaz de cubrir un gasto imprevisto equivalente a su ingreso mensual personal.
Por otra parte, respecto a las metas financieras, se observa que tres de cada cinco personas, en promedio en los cuatro países, no tienen una meta financiera. Entre quienes sí la tienen, la adquisición de la vivienda propia es la meta más importante. Para lograr las metas financieras establecidas, el recorte de gastos es la principal acción realizada por la población encuestada (73% en promedio). La búsqueda de fuentes adicionales de ingresos es más habitual en Ecuador, mientras que la mayoría de los brasileños no suele preparar un plan de acción ni busca fuentes adicionales de ingresos.
En lo que se refiere a los planes de pensión, los resultados de las encuestas muestran que Brasil tiene más personas que cuentan con un plan de jubilación, así como más personas que se sienten muy seguras de tener un buen plan de jubilación. En efecto, el 34% de los brasileños se encuentran seguros o muy seguros de sus planes de jubilación, en comparación con el 25% de los peruanos, el 31% de los ecuatorianos y el 32% de los colombianos. Por su parte, solo el 7% de los brasileños afirma no tener un plan de jubilación, cifra que contrasta con el 23% de los ecuatorianos, 22% de los peruanos y 9% de los colombianos.
Ante la pregunta de cómo obtendrán los recursos para su pensión, se observa que, en su mayoría, los encuestados manifiestan que continuarán trabajando, con porcentajes que ascienden al 85% en el caso de Ecuador, 61% en el caso de Brasil, 42% en el caso de Colombia y 35% en el caso de Perú. Por su parte, un menor porcentaje de encuestados en los cuatro países manifestó recurrir a un plan de pensiones (61% en Brasil, 33% en Ecuador, 30% en Colombia y 27% en Perú). Por otra parte, el 35% de los encuestados en Ecuador expresaron que dependerán de su cónyuge para su jubilación, porcentaje que se ubica en 15% en el caso de Brasil, 13% en el caso de Colombia y 6% en el caso de Perú.
Como se observa en el siguiente gráfico, al 62% de la población en los cuatro países encuestados, en promedio, no les alcanzan sus ingresos para llegar a fin de mes. No obstante, vemos diferencias importantes entre los países: en Brasil hay menos gente que enfrenta problemas para cubrir sus gastos con un 47% de personas que afirman que en el último año no lograron llegar a fin de mes. Una situación contraria se observa en Ecuador, donde 4 de cada 5 personas reporta tener este problema. Por su parte, al comparar estos resultados con las encuestas realizadas en 2013, se observa que en Colombia y Perú se ha reducido ligeramente la cantidad de personas que no pueden llegar a fin de mes.
Con relación a la vulnerabilidad financiera, el porcentaje de personas que podrían cubrir sus gastos por seis meses o más sin pedir prestado es mucho mayor que en el 2013. En Colombia, Perú y Ecuador, uno de cada tres ciudadanos aproximadamente podría cubrir sus gastos por lo menos un mes, pero no tres meses (ver gráfico).
Por su parte, la tenencia de productos financieros está liderada por la cuenta de ahorros (56% en Brasil, 54% en Ecuador, 36% en Perú y 35% en Colombia). Un poco más lejos le sigue la tarjeta de crédito, con más usuarios en Brasil (32%), seguido de Colombia (17%) y Ecuador (15%) y Perú (15%).
De igual manera, los depósitos de dinero, las compras con tarjeta de débito y las transferencias entre cuentas por Internet se realizan con más frecuencia en Brasil que en los demás países evaluados. Así mismo, las compras con tarjeta de crédito y el pago de servicios a través de teléfonos celulares o computadores son también más frecuentes en Brasil. Sin embargo, el envío o recepción de remesas de dinero es muy poco usado en los cuatro países.
Por último, las encuestas de medición de capacidades financieras también miden el nivel de conocimientos financieros de la población de los respectivos países. En este sentido, se observa que uno de cada dos colombianos y peruanos es consciente de que el dinero pierde valor con la inflación. Por su parte, en Ecuador y Brasil, la proporción de personas conscientes del efecto de la inflación se reduce a uno de cada tres.
De igual manera, los resultados de las encuestas muestran que una baja proporción de la población en los cuatro países responde correctamente a la pregunta sobre el cálculo de una tasa de interés simple (22% en Perú, 19% en Ecuador, 13% en Brasil y 10% en Colombia). Es de resaltar que los resultados de Perú, a diferencia de otros países, mejoran con respecto a 2013. Por su parte, Brasil tiene la mayor proporción de personas que no logran responder.
En conclusión, las encuestas de capacidades financieras tienen como objetivo realizar un diagnóstico o línea base que permita identificar los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de los individuos con relación a los temas financieros. Al tratarse de encuestas de demanda, los resultados son de gran utilidad para el diseño de estrategias nacionales de inclusión y educación financiera que tengan en cuenta las diferencias entre los diferentes segmentos de la población.